Orlando Manzanares y Raúl Hernández, defensores del pueblo indígena me´phaa; con representantes de la OACNUDH, CNDH y CIDH

Raúl Hernández y Orlando Manzanares, defensores de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) asistieron este 24 de noviembre a la actualización del informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH). Aquí puede escucharse su testimonio.

La presentación se realizará el próximo miércoles 24 de noviembre a las 11 horas en Casa Lamm, Álvaro Obregón 99, col.Roma, México D.F. Reproducimos una nota aparecida en el periódico El Sur al respecto:

El defensor de los derechos humanos de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM), Raúl Hernández Abundio, participará como ponente en la presentación del programa “Actualización 2010: Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México”, en donde expondrá la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los defensores de derechos humanos en Guerrero.

La disertación del tema por parte del dirigente indígena guerrerense será el 24 de noviembre a las 11 de la mañana en Casa Lamm, ubicada en la avenida Álvaro Obregón 99, en la colonia Roma, en el Distrito Federal, informó ayer la Red todos los Derechos para Todos y Todas.

Hernández Abundio será parte de un grupo de panelistas que son expertos en la materia y que pertenecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los otros participantes son Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; José de Jesús Orozco, comisionado de la CIDH; Marisol Blanchard, especialista de la CIDH y Luis Ortiz Monasterio, secretario ejecutivo de la CNDH.
Hernández Abundio personificó en Guerrero un caso emblemático de criminalización de los defensores de derechos humanos, pues estuvo detenido casi dos años en el penal de Ayutla, por un delito que al final se comprobó que no cometió. Obtuvo su libertad el 27 de agosto pasado tras haber estado encarcelado acusado por el delito de homicidio calificado en agravio del presunto informante del Ejército, Alejandro Feliciano García, que ocurrió en enero de 2008.
Hernández Abundio fue detenido el 17 de abril de 2008 junto con otros cuatro miembros de la OPIM acusados por ese homicidio.

Desde el 11 de noviembre de 2008, tanto Raúl Hernández como sus compañeros de la OPIM han sido considerados por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia, al valorar que no existían pruebas para demostrar su responsabilidad y que su detención se relacionaba con su labor de defensores de derechos humanos.
A través de un amparo, la justicia federal concedió la libertad de los cuatro compañeros de Raúl Hernández, al considerar que no había pruebas que acreditaran la responsabilidad por los delitos, mientras que en el caso de Raúl Hernández se dejó al juez natural resolver su situación.
En el informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, titulado “Entre el Compromiso y el Riesgo”, el Acuerdo de Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) retomó el caso de Raúl Hernández y sus compañeros, como un caso emblemático “que muestra algunos de los retos que enfrentan ante el sistema de justicia las y los defensores de derechos humanos, particularmente de los derechos de los pueblos indígenas”. El dirigente indígena ahora disertará sobre el tema y expondrá como ejemplo su propio caso. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo)

Raúl Hernández con compañeros de la OPIM después de ser liberado

 La Acción puede leerse aquí:AU Raul Hernandez, a continuación también la reproducimos:

Raúl Hernández, activista mexicano de defensa de los derechos de los indígenas y preso de conciencia, fue puesto en libertad el 27 de agosto tras pasar más de dos años en prisión. Sin embargo, en los días siguientes a su liberación, él y otros activistas indígenas han sido amenazados, y corren grave peligro. 

El 27 de agosto, Raúl Hernández, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), fue absuelto de un cargo de asesinato por el que llevaba recluido desde abril de 2008 en el municipio de Ayutla, estado de Guerrero, en el sur de México. El júbilo por el reconocimiento de su inocencia y del uso indebido del sistema de justicia que lo tuvo recluido durante tanto tiempo se ha visto frenado tras recibirse las nuevas amenazas. El 28 de agosto, una hija de Inés Fernández fue abordada en el centro de Ayutla por dos hombres. Inés Fernández es miembro de la OPIM; en 2002 fue violada por soldados, y ha llevado su campaña por la justicia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los dos hombres que se acercaron a su hija amenazaron a su familia de muerte si permanecía en Ayutla. En la amenaza se hacía referencia también a Raúl Hernández. El 30 de agosto, Álvaro Ramírez Concepción, coordinador de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fue alcanzado por los disparos de un grupo de hombres mientras trabajaba en una parcela de tierra cerca de Juquila, en el municipio de Ayutla. Resultó herido de gravedad, y más tarde fue llevado al hospital, donde sigue recibiendo atención médica. Audencio Ramírez Concepción, Ambrosio García Catarino y Ramón García Guadalupe también resultaron heridos. Los atacantes huyeron del lugar, y continúan en libertad. La OPIM y la OFPM son organizaciones estrechamente relacionadas entre sí, con sede en Ayutla. Los activistas de ambas han sido blanco de amenazas y ataques. En abril de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales en las que ordenaba al gobierno mexicano que garantizara la seguridad de 109 defensores y defensoras de los derechos humanos de Guerrero, especialmente aquellos que trabajan con la OPIM y la OFPM, tras el homicidio de dos dirigentes de la OPIM.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

 manifestando satisfacción por la liberación de Raúl Hernández tras pasar dos años en prisión;

 expresando preocupación por la amenaza contra Raúl Hernández, Inés Fernández y la familia de ésta, y pidiendo a las autoridades que cumplan las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y garanticen la seguridad de todos los amenazados, conforme a los deseos de los propios afectados;

 expresando preocupación por el ataque y las heridas sufridos por el activista de la OFPM Álvaro Ramírez Concepción, y pidiendo que se garantice su seguridad y la de los demás hombres heridos en el ataque;

 pidiendo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y el ataque, con el fin de garantizar que los responsables comparecen ante la justicia y que los activistas de la OPIM y la OFPM pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a represalias.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE OCTUBRE DE 2010 A:

Lic. José Francisco Blake Mora

Secretario de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez

Delegación Cuauhtémoc

México DF, CP 06600, MÉXICO

Fax: +52 55 5093 3414

Correo-e.: secretario@segob.gob.mx

Tratamiento: Estimado Señor Secretario

Lic. Zeferino Torreblanca Galindo

Palacio de Gobierno

Edificio Centro, Piso 2

Ciudad de los Servicios

Chipancingo, Guerrero

México, CP 39075

Fax: +52 747 471 9956

Correo-e.: gobernador@guerrero.gob.mx

Tratamiento: Estimado Gobernador

Lic. David Augusto Sotelo Rosas

Procuraduria General de Justicia de Guerrero

Carretera Nacional México-Acapulco

Km. 6+300

Tramo Chilpancingo-Petaquillos

Chilpancingo 39090, Guerrero, México

Fax: +52 747 472 2328

Correo-e.: procurador@pgjgro.gob.mx

Tratamiento: Estimado Procurador

Raúl Hernández Abundio

A continuación reproducimos el llamado, que también puede leerse aquí: Observatorio_AU

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación

El Observatorio ha recibido con muy grave preocupación informaciones del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” sobre el intento de asesinato contra el Sr. Álvaro Ramírez Concepción, Coordinador de Dirección Colectiva de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). También se han denunciado las amenazas de muerte enviadas al Sr. Raúl Hernández Abundio, miembro de la Organización Pueblo Indígena Mep’haa (OPIM).

De acuerdo con las informaciones recibidas, el 30 de agosto de 2010, en horas de la tarde el Sr. Álvaro Ramírez Concepción fue agredido con armas de fuego por ocho hombres que llegaron a la parcela del Sr. Jorge Luis García Catarino, quien es beneficiario de medidas provisionales de protección otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Durante el ataque que duró aproximadamente 20 minutos también resultaron lesionadas otras tres personas presentes durante el ataque – los Sres. Audencio Ramírez Concepción, hermano del Sr. Álvaro Ramírez Concepción, Ambrosio Garcia Catarino y Ramón García Guadalupe. Luego del ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido mientras que los heridos fueron auxiliados por personas de la Comunidad de Juquila, del mencionado municipio de Ayutla, de donde ellos son originarios.

Las informaciones agregan que debido a lo intransitable de los caminos, el Sr. Álvaro Ramírez Concepción debió permanecer en su casa herido y perdiendo sangre hasta que sus compañeros lograron abrir la carretera a pico y pala y trasladarlo al día siguiente en la mañana, al Hospital General de Ayutla. Hasta el momento los médicos han informado que su estado de salud es estable pero delicado, ya que recibió varios impactos de bala, y que dos de ellos son de gravedad: uno en la espalda y otro en la pierna a la altura de la ingle.

De otra parte se ha informado que el 28 de agosto de 2010, una de las hijas de la Sra. Inés Fernández Ortega3, cuyo nombre no se ha informado ahora y también beneficiaria de medidas de protección emitidas por la CoIDH, sufrió un intento de secuestro y fue amenazada por dos personas, cuando caminaba por el centro de la ciudad de Ayutla. Las informaciones destacan además que, en medio de los hechos los atacantes hicieron referencia al Sr. Raúl Hernández Abundio, quien por este motivo se vio obligado a cancelar las actividades públicas relacionadas con su liberación y a adoptar medidas extraordinarias para su seguridad. El Observatorio recuerda que el Sr. Raúl Hernández Abundio fue absuelto y puesto en libertad el día 27 de agosto de 2010, tras haber pasado más de dos años en prisión detenido arbitrariamente acusado de un delito que no cometió, en lo que se teme pudo ser un acto de represalia por sus actividades como defensor de los derechos humanos4.

El Observatorio al manifestar su seria preocupación por este grave ataque armado e intento de asesinato contra el Sr. Álvaro Ramírez Concepción, así como las intimidaciones contra el Sr. Raúl Hernández Abundio, señala que estos actos se agregan a una seria de agresiones contra defensores y defensoras de los pueblos indígenas a pesar de que la CoIDH ha dictado medidas provisionales de protección. Por tanto el Observatorio urge a las autoridades estatales y federales a que tomen las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad personal del Sr. Álvaro Ramírez Concepción y el Sr. Raúl Hernández Abundio, así como la de todos los miembros de sus respectivas familias y que además, las medidas provisionales ordenadas por la CoIDH sean cumplidas plenamente.

El Observatorio teme que todos los hechos aquí denunciados estén motivados en el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos de Ayutla y tengan como objetivo que los crímenes que ellos denuncian permanezcan en la impunidad. El Observatorio solicita que las autoridades competentes realicen una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.

De manera general el Observatorio insta a las autoridades mexicanas estatales y federales a tomar todas las medidas apropiadas para poner fin al hostigamiento existente en contra de las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos de las poblaciones indígenas en el Estado de Guerrero y en general contra los defensores de derechos humanos en México, así como para garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica.

Acción solicitada:

Favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:

I. adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Álvaro Ramírez Concepción y el Sr. Raúl Hernández Abundio, así como todos los miembros de sus respectivas familias, y de los demás miembros de la OFPM, de la OPIM y sus respectivas familias;

II. velar a que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento contra los miembros de la OFPM, de la OPIM y contra los demás defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero y en México;

III. realizar una investigación independiente e imparcial en torno a todos los hechos aquí denunciados, en particular al ataque armado e intento de asesinato llevado a cabo contra el Sr. Álvaro Ramírez Concepción, las amenazas contra el Sr. Raúl Hernández Abundio, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

IV. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) y a “garantizar la protección [...] de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la [...] Declaración” (Art. 12.2);

V. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por México.

Ginebra-París, 31 de agosto de 2010. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), celebra la decisión del Juzgado Mixto de Primera Instancia de absolver  al Sr. Raúl Hernández Abundio, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), detenido desde el 17 de abril de 2008 en el Centro de Readaptación Social de Ayutla, Estado de Guerrero.

 
El 27 de agosto del 2010, el Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla  de los Libres, Estado de Guerreo, pronunció una sentencia absolutoria a favor del Sr. Raúl Hernández Abundio, en la que argumenta que “no es culpable ni penalmente responsable” del delito de homicidio calificado cometido en agravio del Sr. Alejandro Feliciano García. Ese mismo día a las 2.45 pm, el Sr. Raúl Hernández Abundio abandonó el penal en el que ha pasado más de dos años y cuatro meses detenido arbitrariamente.

El Sr. Raúl Hernández Abundio fue detenido injustamente y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García, ocurrido el 1° de enero de 2008 en la comunidad El Camalote, Estado de Guerrero. Sin embargo, durante el proceso su defensa logró evidenciar las irregularidades de su detención y aportar suficientes elementos para probar su inocencia, como la inconsistencia de los dos testigos en cuyas declaraciones se basaba la acusación que pesaba sobre el Sr. Hernández Abundio así como la imposibilidad de que el Sr. Hernández Abundio se encontrara en el lugar del crimen en el momento de los hechos.

El Observatorio ha dado seguimiento a la detención del Sr. Raúl Hernández Abundio desde su inicio, considerando que ésta era arbitraria, ya que tenía como objetivo sancionar sus actividades como defensor de derechos humanos, en particular su denuncia de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el ejército y de los abusos cometidos por parte de las autoridades locales en el Estado de Guerrero.

El Observatorio acoge la sentencia absolutoria a favor del Sr. Raúl Hernández Abundio. Asimismo, el Observatorio insta a las autoridades mexicanas a velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento en contra del Sr. Raúl Hernández Abundio, los demás miembros de la OPIM  y, de manera general, de todos los defensores de derechos humanos en México y que se asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, y otros instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México.

Raúl Hernández al salir del penal, tras dos años y cuatro meses de haber permanecido encarcelado injustamente

• Juez dice que no es culpable ni penalmente responsable del delito de homicidio
• Raúl pide que se investigue quién realmente mató a Alejandro Feliciano.
• La libertad de Raúl es un triunfo del movimiento social de derechos humanos en Guerrero y México.

Ayutla de los Libres, Guerrero, a 27 de agosto del 2010.- Hoy por la tarde, el Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla dejó en libertad absoluta al defensor de derechos humanos, Raúl Hernández Abundio, al dictar una sentencia absolutoria en la que argumenta que “no es culpable ni penalmente responsable” del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Alejandro Feliciano García, ocurrido en enero del 2008. 

Cerca de las 2 de la tarde, el juez Mixto de Primera Instancia, Alfredo Sánchez Sánchez, notificó a Raúl Hernández su sentencia absolutoria a través del Segundo Secretario de Acuerdos en Materia Penal, Julián Agustín Caro Escamilla; y a las 2:45 de la tarde Raúl salió del penal cargando algo un costal con su ropa y un ventilador, el resto de sus pertenencias las dejó a sus  ahora ex compañeros de celda. 

Por la mañana, Raúl Hernández recibió en el penal, la visita de sus compañeros e integrantes de la Organización Pueblo Indígena Me´phaa así como de sus asesores jurídicos y abogados de Tlachinollan. Más tarde, el grupo de visitantes se trasladó al juzgado, en donde fueron avisados que sería el secretario de Acuerdos quien notificaría a Raúl su sentencia. 

En sus primeras declaraciones, Raúl -quien estuvo recluido en el penal de Ayutla durante dos años y cuatro meses- expresó que estaba contento por  su libertad y pidió al juez Alfredo Sánchez Sánchez que investigue realmente quién en es responsable de la muerte de Alejandro Feliciano, porque “yo no cometí ese delito”. 

La libertad de Raúl Hernández corrobora una vez más la criminalización que sufren los defensores de derechos en Guerrero. Raúl  a lo largo de estos dos años se ha convertido en un símbolo de la resistencia de los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos, pero también es un ejemplo de cómo el gobierno pisotea, persigue y encarcela a las voces que con dignidad y valor han decidido denunciar las injusticias y el abuso del poder público. 

No podemos concebir la inexistencia de políticas sociales que tiendan a revertir la pobreza y marginación secular que padecen los pueblos indígenas en la Costa-Montaña de Guerrero, mientras que por otro lado se destinan recursos para militarizar las zonas indígenas; y todo el aparato de justicia se utiliza para socavar los procesos organizativos de los pueblos que han decidido luchar de manera autogestiva para revertir las injusticias que padecen. 

La sentencia dictada el día de hoy demuestra la contundencia de las pruebas aportadas por Raúl y su defensa, y confirma además las inconsistencias de las acusaciones que las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron con la firme convicción y creencia de que Raúl es inocente, y que su encarcelamiento obedeció a la denuncia constante de las violaciones a los derechos fundamentales que desde su organización decidió realizar de manera desinteresada desde 1998. Son ilustrativos los casos de los 14 esterilizados de El Camalote y las violaciones sexuales de dos indígenas me´phaa por parte de militares, que han evidenciado a nivel nacional e internacional, la falta de compromiso y respeto a los derechos humanos por parte del Estado mexicano. 

Reiteramos que la libertad de Raúl evidencia la criminalización en la lucha social pero también que los aparatos de justicia son utilizados de manera facciosa para acallar las voces que luchan por las libertades fundamentales. 

La libertad de Raúl representa también un triunfo del movimiento social y de derechos humanos en Guerrero y el país, y con ello se inicia una etapa de su consolidación y fortalecimiento que permitirá continuar con la lucha por el respeto y la vigencia de los derechos humanos. 

ANTECEDENTES  

El 17 de abril de 2008, los integrantes de la OPIM: Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García ocurrido el 1 de enero de 2008 en El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres Guerrero. Por ese mismo delito había órdenes de aprehensión en contra de otros 10 miembros de la OPIM. 

 Los defensores de derechos humanos fueron detenidos en un retén policiaco-militar instalado en un crucero carretero cuando se dirigían a su comunidad. El 19 de marzo del 2009 cuatro de ellos salieron libres al obtener un amparo federal. 

Raúl Hernández no fue beneficiado por el juez federal argumentando que dos testigos habían declarado que había estado presente en el momento del crimen. 

Por su injusto encarcelamiento, Raúl Hernández fue adoptado como preso de conciencia el 11 de noviembre del 2008 por Amnistía Internacional y a lo largo de sus dos años de reclusión recibió la visita de importantes delegaciones de organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles, magisteriales y de derechos humanos de todo el mundo. También recientemente recibió la visita del relator de Naciones Unidas sobre el Derecho de Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue

Raúl Hernández

Hoy viernes 27 de agosto, vence el término para que el Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla de los Libres, Alfredo Sánchez Sánchez dicte la sentencia por el proceso que se le sigue a Raúl Hernández Abundio.

La notificación al preso de conciencia se dará en el transcurso del día, no hay una hora determinada.

Raúl Hernández convencido de su inocencia, espera tranquilo la sentencia acompañado de una comisión de sus compañeros de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa y de sus asesores jurídicos y abogados de Tlachinollan que acudieron al reclusorio. 

Estaremos informando….

Marcha en solidaridad con Raúl Hernández

• Piden al presidente del TSJ, al juez y al gobernador que liberen al defensor.
• Mañana viernes 27 vence el plazo para que el juez emita su sentencia
• Tlachinollan llama a monitorear la sentencia y realizar acciones  en caso de ser adversa.

 Ayutla de los Libres, Guerrero a  26 de agosto del 2010.- A un día de que venza el plazo final para que el Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla de los Libres, Alfredo Sánchez Sánchez, emita la sentencia por el proceso que se le sigue al preso de conciencia Raúl Hernández Abundio, organizaciones sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles y de derechos humanos marcharon hoy por las principales calles de Ayutla y realizaron un mitin afuera del Juzgado en demanda de la libertad inmediata e incondicional del indígena me´phaa.

Antes, una comisión de representantes de las organizaciones y del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, encabezados por su presidente Misael Medrano Baza,  visitó al defensor de derechos humanos en  el reclusorio, a quien manifestaron su solidaridad y dijeron que harán las acciones necesarias para que termine su injusto encarcelamiento.

Cerca del medio día, partió el contingente del penal de Ayutla hacia el Juzgado Mixto de Primera Instancia, en donde llevaron a cabo un mitin. Ahí los distintos oradores expresaron su preocupación  por el caso de Raúl Hernández pues coincidieron en que la causa de su detención y encarcelamiento se debe a la lucha por la defensa de los derechos de su pueblo y por alza su voz contra la injusticia.

También urgieron al juez Alfredo Sánchez Sánchez, al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón y al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que liberen a Raúl Hernández porque él representa un símbolo de la resistencia de los pueblos indígenas; y advirtieron que por ello no permitirán que la decisión parcial y tendenciosa del juez lo condene a una prisión injusta.

Durante su intervención, el abogado de Tlachinollan y un de los asesores jurídicos de Raúl Hernández Vidulfo Rosales llamó a las organizaciones a monitorear la resolución del juez, para que en caso de que  la sentencia sea adversa se pueda constituir un grupo de lucha y seguimiento  favor de Raúl para lograr su libertad.

Entre las organizaciones que asistieron se encuentran: la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM); la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), la  Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Comité Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota y del Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO). También participó de manera solidaria el cantautor guerrerense Erik de Jesús, quien interpretó algunos sones.

En un intermedio del mitin, una comisión de los manifestantes integrada por los dirigentes de la APPG, Pablo Sandoval Cruz y Nicolás Chávez así como del CEE del PRD, Misael Medrano Basa y Urbano Lucas se entrevistaron con el juez Alfredo Sánchez Sánchez, quien les dijo que estaba revisando el expediente y no podía  abundar en el caso porque estaba concentrado analizando los razonamientos y que emitiría la sentencia de Raúl  en el plazo que le marca la ley.

Tlachinollan como organización que asumió desde el 2008 la defensa legal de Raúl Hernández, reiteramos que en el expediente existen todos los elementos de prueba que corroboran la inocencia del defensor de derechos humanos, y por otro lado, las pruebas aportadas por el Ministerio Público son insuficientes para comprobar la responsabilidad de Raúl Hernández Abundio

Asimismo hemos citado como ejemplo que las únicas probanzas son dos testimonios que desde un inicio declararon con ambigüedades y que en el transcurso del proceso incurrieron en contradicciones sustanciales que le restan todo valor probatorio; en ese sentido, ningún juez que se jacte de ser imparcial puede concederle valor probatorio a tales testigos, razón por la cual el juez Alfredo Sánchez Sánchez debe dictar una sentencia absolutoria que ponga en libertad inmediata a Raúl Hernández Abundio.

Raúl Hernández Abundio, preso de conciencia

Esta carta, cuyo contenido reproducimos abajo, puede leerse también aquí.carta abogacia español

(De izquierda a Derecha) El ex preso de conciencia, Orlando Manzanarez Lorenzo; el relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue; el preso de conciencia Raúl Hernández Abundio y Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la (OPIM).

Lo anterior durante la visita que el relator realizó fuera de su itinerario oficial, al indígena me´phaa quien está recluido en el penal de Ayutla de los Libres desde el 17 de abril del 2008 y que actualmente está en espera de que el juez Mixto de Primera Instancia, Alfredo Sánchez Sánchez dicte su sentencia, el próximo viernes 28 de agosto.

Durante el encuentro que sostuvo con Raúl Hernández Abundio, Frank La Rue escuchó de viva su testimonio y la situación de injusticia que enfrenta a consecuencia de la activa participación que tenía dentro de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM). También le hizo saber el defensor de derechos humanos que por su inocencia la prestigiosa organización de derechos humanos Amnistìa Internacional lo adoptó como preso de conciencia el 11 de noviembre del 2008.

El relator también se entrevistó brevemente con la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel e integrantes de esa organización, quien explicó el trabajo que realizan y le contó las amenazas y hostigamientos que sufren desde el 2003 a la fecha.

Más tarde, Frank La Rue visitó la oficina que tiene en Ayutla el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, misma que permanece cerrada desde marzo del 2009, a raíz de las agresiones y amenazas que recibió el equipo. Ese inmueble hasta hoy se mantiene cerrado, ante la falta de condiciones por parte del Estado para que los defensores puedan realizar su labor.

Frank La Rue cerró su viaje a Ayutla con la visita a Guadalupe Castro Morales, viuda de Raúl Lucas Lucía, quien fuera presidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y que fue desaparecido, torturado y ejecutado extrajudicialmente en febrero del 2009, junto con el secretario de esa organización Manuel Ponce Rosas.

Como Tlachinollan consideramos que la visita del relator Frank La Rue es fundamental para fortalecer el derecho a la libertad de expresión que se ha visto conculcado de manera flagrante en contra de los luchadores sociales en el estado de Guerrero, pero sobre todo en el municipio de Ayutla que desde 1998 sufren amenazas, persecución, encarcelamientos, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, actos que acallan las voces de los pueblos indígenas que manifiestan su inconformidad por el abuso de autoridad y las injusticias que desde hace años padecen.

De igual forma, esta visita permite visibilizar el contexto en que se desempeñan el trabajo de los defensores del estado de guerrero, los obstáculos y las agresiones que enfrentan. Esto obliga al Estado a que reconozca los patrones de agresión y hostigamiento del Estado que impide a los defensores desempeñar su trabajo a cabalidad y evidencia la ausencia de mecanismos efectivos para proteger y garantizar su labor.

Sostenemos que el encarcelamiento de Raúl, es un caso emblemático en el estado de Guerrero y en el país, que demuestra la utilización facciosa de los aparatos de justicia contra quienes se organizan para defender sus derechos.

De igual manera, las constantes amenazas en contra de Obtlia Eugenio por las cuales se vio obligada a salir del estado, son prueba de ineficacia del sistema de justicia cuando se trata de proteger y salvaguardad la integridad de las y los defensores de derechos humanos.

El cierre de la oficina de Tlachinollan y la imposibilidad de abrirla, son prueba de la falta de garantía para que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar su trabajo.

La desaparición, tortura y ejecución de los líderes Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, cuyas investigaciones continúan sin presentar avances son mensajes que por un lado diezma y desarticula la lucha de los pueblos y su organización; y por el otro, resalta que la falta de investigación y sanción a los perpetrados es un mensaje de que los protege un manto de impunidad.

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