Diputados federales presentan Punto de Acuerdo en apoyo de Raúl Hernández

En la última sesión de la Comisión Permante del Congreso de la Unión fue presentado un Punto de Acuerdo en solidaridad con el preso de conciencia  Raúl Hernández Abundio y  turnado a la Primera Comisión para su análisis y dictamen.

En el documento se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero a que presente conclusiones inacusatorias en el caso del indígena me´phaa y defensor de derechos humanos,  para que obtenga su inmediata libertad.

Raúl Hernández, preso de conciencia

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

De los Diputados Filemón Navarro Aguilar y Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación al injusto encarcelamiento del defensor de derechos humanos Raúl Hernández Abundio.

PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL INJUSTO ENCARCELAMIENTO DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS RAÚL HERNÁNDEZ ABUNDIO

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Diputados signantes Filemón Navarro Aguilar y Agustín Guerrero Castillo, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en relación al injusto encarcelamiento del defensor de derechos humanos Raúl Hernández Abundio.

Antecedentes

El 17 de abril de 2008, en un retén militar en el crucero de la comunidad de Tecruz, en municipio de Ayutla, Guerrero, fueron detenidos Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina y Raúl Hernández Abundio; 5 indígenas defensores de derechos humanos, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). El mismo día fueron puestos a disposición del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero.

Ese mismo día, se hizo de su conocimiento que el 11 de abril de 2008, el Juez de Primera Instancia con sede en Ayutla, Alfredo Sánchez Sánchez, habría librado 15 órdenes de aprehensión en su contra por homicidio calificado en contra de Alejandro Feliciano García, ocurrido el 31 de diciembre del 2007, en 6 acusados como autores materiales y 9 como autores intelectuales, bajo el expediente 48-2/2008.

Se les informó que para su detención, el Juez de la causa se fundó en las declaraciones de 2 supuestos testigos que manifestaron que el día del homicidio de Alejandro Feliciano, escucharon varias detonaciones y, vieron en el lugar de los hechos a los integrantes de la OPIM.

El 23 de abril del 2008, el juez Mixto de Primera Instancia, Alfredo Sánchez dictó el auto de formal prisión en contra de los cinco indígenas, cuatro señalados como autores intelectuales y uno, Raúl Hernández Abundio, señalado como autor material. Como consecuencia, el 7 de julio de 2008, los presos acudieron ante la justicia federal para solicitar un amparo en contra del auto de formal prisión del Juzgado Mixto de Primera Instancia.

Cuando la justicia federal resolvió, se confirmó la existencia de graves irregularidades en las acusaciones fabricadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero contra los integrantes de la OPIM, por lo que el 19 de marzo del 2009 recuperaron su libertad, cuatro integrantes de dicha organización indígena que se encontraban presos. El 12 de febrero del 2010, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en el Estado de Guerrero, resolvió confirmar la cancelación de las órdenes de aprehensión, giradas en contra de cinco integrantes más.

Pero Raúl Hernández Abundio, continuó en prisión. Del grupo de defensores de derechos humanos que inicialmente fueron detenidos, es el único que permanece detenido injustamente. Así lo han considerado connotadas organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Comunicación Social AC (Cencos), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. En un comunicado conjunto, dichas organizaciones reiteraron el llamado a las autoridades del poder Ejecutivo de Guerrero a formular conclusiones a favor Raúl Hernández para que recupere su libertad.

El comunicado emitido por las organizaciones, señala que desde la detención de Raúl Hernández, la defensa a cargo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ha evidenciado las inconsistencias e irregularidades de la detención. También menciona que la defensa de Raúl Hernández Abundio ha aportado suficientes elementos para probar su inocencia: al interrogar a los testigos de cargo entraron en contradicciones y los testigos de descargo han sido contundentes al referir las actividades que Raúl realizó, durante el tiempo en que ocurrió el homicidio.

Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), hizo un llamado el 17 de abril 2010, a dos años de la privación de la libertad de Raúl Hernández Abundio, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y defensor de los derechos de los pueblos indígenas en el Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, para que el sistema de justicia del Estado de Guerrero tome en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y actúe conforme a los principios de diligencia debida, imparcialidad y celeridad.

En su comunicado, la OACNUDH señala que desde el 11 de noviembre de 2008, tanto Raúl Hernández como sus compañeros de la OPIM han sido considerados por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia al valorar que no existían pruebas para demostrar su responsabilidad y que su detención se relacionaba con su labor de defensores de derechos humanos. El comunicado también reitera que en el Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, titulado “Entre el Compromiso y el Riesgo”, la OACNUDH retomó el caso de Raúl Hernández y sus compañeros como un caso emblemático, que muestra algunos de los retos que enfrentan, ante el sistema de justicia las y los defensores de derechos humanos, particularmente de los derechos de los pueblos indígenas.

Por su parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), condenó el hecho de que el Sr. Raúl Hernández Abundio, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), esté cumpliendo dos años de detención y continúe sometido a juicio. El comunicado señala que varios integrantes de la OPIM, son beneficiarios de medidas de provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 9 de abril del 2010, entre los que destaca Raúl Hernández Abundio, pues las y los integrantes de la organización a la que pertenecen, la OPIM, han sido víctimas de amenazas, hostigamiento judicial y detenciones arbitrarias desde hace varios años por haber denunciado las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el estado de Guerrero.

Durante el proceso de Raúl Hernández, han comparecido diversos testigos de descargo que dieron fe consistentemente, en que Raúl Hernández no estuvo en el lugar, hora y fecha en que ocurrieron los hechos. Así, se ha comprobado, que Raúl estuvo realizando otros trabajos relacionados con la Comisaría municipal pues en ese entonces se desempeñaba como Comandante de la policía del pueblo.

Recientemente, el 26 de mayo del 2010, se llevo a cabo la inspección ocular, que ofreció la defensa legal de Raúl Hernández, como parte de las últimas pruebas antes del cierre de instrucción. Durante ésta, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, Alfredo Sánchez Sánchez, constató que el único testigo que hizo señalamientos en contra de Raúl mintió, pues verificaron que por la distancia, por los accidentes geográficos del terreno y por la escasa visibilidad propia de la hora en que ocurrieron los hechos, no era posible que el testigo pudiera identificar a Raúl como asegura en su declaración.

La certificación que realizó el Juez es suficiente para que se promueva el desistimiento de la acción penal contra Raúl Hernández o, en su caso, la presentación de conclusiones inacusatorias. Ambas acciones pueden ser promovidas en el ámbito de su competencia por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Esto atendiendo a que con las pruebas desahogadas ha quedado evidenciado una vez más, que Raúl Hernández está preso bajo delitos fabricados y por su trabajo a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Como consecuencia de lo anterior, el pasado 14 de junio de 2010, la defensa de Raúl Hernández, a cargo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, solicitó el cierre del proceso por lo que el Juez encargado deberá resolver a la brevedad y conforme a derecho para poner en libertad a Raúl, en virtud de las pruebas presentadas a favor de su inocencia.

El caso, hace evidente la condición de vulnerabilidad e indefensión que sufren los defensores de derechos humanos en Guerrero, pues aún cuando es la misma Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), la encargada de garantizar la seguridad de los defensores e investigar los casos de amenazas e intimidación contra de éstos, es la misma que integra expedientes de acusación y fabrica delitos.

Como legisladores no podemos permanecer indiferentes frente al injusto y prolongado encarcelamiento de Raúl Hernández Abundio. Por el contrario, es convicción de quienes somos depositarios de la voluntad popular expresada en el voto, corresponder coadyuvar a favor de quienes, con su labor, contribuyen a que México sea más justo y no padezcan represalias.

Por lo antes expuesto, se propone la adopción del siguiente:

Punto de Acuerdo

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, a que promueva el sobreseimiento del proceso penal, o bien, se presenten conclusiones no acusatorias, en virtud, de que como se ha demostrado, Raúl Hernández Abundio, defensor de derechos humanos, no tuvo participación en el ilícito que se le persigue dentro de la causa penal 48/2008, radicada en el Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla.

Suscriben:

Dip. Filemón Navarro Aguilar

Dip. Agustín Guerrero Castillo

 

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