Notas: Insinúa Zeferino que está seguro de la acusación contra el indígena preso de conciencia de Ayutla

En una noticia de Daniel Velázquez aparecida hoy en el periódico El Sur de Acapulco, el gobernador del estado señala que “el gobierno no tiene porqué retirar los cargos (contra Raúl)” a pesar de la presión de numerosos organismos internacionales, de que las irregularidades en su proceso jurídico han sido probadas y de que el defensor ha sido declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Reproducimos la noticia:

El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo insinuó que su gobierno está seguro de las acusaciones contra Raúl Hernández Abundio, dijo “si el gobierno del estado tiene certeza de que debe ser acusado no debe retirar (los cargos) si el gobierno tiene certeza de que están mal las integraciones de las averiguaciones claro que los debe retirar”.

Indicó que no se trata de “sensibilidad” la liberación del indígena me’phaa preso desde hace dos años porque se debe aplicar la ley y ésta no se ejecuta en función del estado de ánimo del gobernador.

Hernández Abundio esta preso desde el 17 de abril del 2008 cuando en un retén que instalaron militares, policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), la Ministerial del estado y de Seguridad Pública estatal, fue detenido acusado de matar el primero de enero de ese año al informante del Ejército Alejandro Feliciano García, quien vivía en la comunidad de El Camalote.

Raúl Hernández fue detenido junto a otros cuatro miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), los cuales ya fueron liberados y sólo él permanece recluido en la cárcel.

En declaraciones después de dar el banderazo de inicio a los trabajos de la construcción de la cuarta celda del relleno sanitario en Acapulco, al gobernador se le preguntó si retiraría los cargos contra Raúl Hernández preso desde 2008 en la cárcel de Ayutla como lo hizo el gobierno del estado de México con América del Valle perseguida por las autoridades por el caso se San Salvador Atenco, en repuesta Torreblanca Galindo dijo que “el gobierno del estado no tiene por qué retirar los cargos, el gobierno del estado va a hacer claramente… el gobierno del estado no tiene interés de mantener a nadie en la cárcel solamente a los que infrinjan la ley, punto y seremos duros con la ley”.

–En el Estado de México se le retiraron los cargos a América del Valle –se le mencionó.

–No conozco eso, yo respeto mucho lo que hagan en el Estado de México esto se llama Guerrero y el 9 de agosto vamos a cumplir otro aniversario de don Vicente Guerrero.

–Gobernador ¿puede ser más sensible un gobierno priísta que uno perredista?

–No se trata de sensibilidad lo que pasa, con todo respeto, que hay grupos y organizaciones y medios como el de usted, que encabezan acciones de naturaleza que piensan que el gobierno debe regirse más por sentimientos que por la ley.

–Pero en este caso Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia – se le recordó.

–Amnistía merece mis respetos pero aquí es la ley donde hay quien lo señale y mientras haya una ley… aquí no tengo interés de tener a nadie en la cárcel pero se confunde, se confunde la defensa de los derechos humanos con la legalidad si hay señalamientos, si hay acciones para tenerlo bajo un proceso legal pues que siga, no es a gusto del gobernador porque lo presione un grupo.

–Pero podría el gobierno del estado retirar los cargos –se le insistió.

–Si el gobierno del estado tiene certeza de que debe ser acusado no debe retirarlos si el gobierno tiene certeza de que están mal las integraciones de las averiguaciones claro que lo debe retirar.

–Con sensibilidad política podría retirar los cargos.

–La ley no se hace con sensibilidad, la ley se aplica, perdón no puede ser el gobernador no puede ser de un estado de ánimo si hoy amaneció sensible o no, por favor.

América del Valle, hija del líder del movimiento de campesinos que se opuso a la expropiación de sus tierras para construir un aeropuerto de San Salvador Ayenco, Ignacio del Valle, estaba acusada de secuestro equiparado y estuvo prófuga durante cuatro años.

Las acusaciones en su contra la llevaron a pedir asilo político en la embajada Venezuela en México pero con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó liberar a 12 campesinos que estaban presos desde 2006 porque no se puede acusar penalmente a quienes se organizan para defender derechos constitucionales, el gobierno del estado de México retiró los cargos y América del Valle pudo regresar a su pueblo.

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